El pasado 4 de marzo Escuelas Católicas de Andalucía emitió una nota de prensa sobre el nuevo Decreto de Escolarización de la Junta de Andalucía, que ha titulado «Un Decreto a favor de la familia y la conciliación laboral, con un tímido avance en libertad de elección»
- Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), como organización mayoritaria del sector concertado, con una representación del 70% del mismo, valora positivamente el nuevo Decreto de Escolarización por su impacto positivo en la reunificación de hermanos en el mismo centro y la conciliación familiar y laboral.
- El impacto sobre la libertad de elección de los padres es más teórico que real, pues afecta solo a muy pocos centros y no supone un aumento de las plazas de educación concertadas, a pesar de su mayor demanda.
- Además, este cambio no es ninguna novedad especial. En 2007, la Junta de Andalucía ya aprobó un decreto según el cual en todas las zonas debería haber, al menos, un centro público y otro concertado.
- Amparada por el artículo 27 de la Constitución, la educación concertada representa solo el 18% de las plazas educativas y juega un papel que el Tribunal Supremo ha recordado que no es subsidiario sino complementario “para la prestación del servicio público de la educación”.
- Los centros concertados invitan al Gobierno andaluz a hacer una apuesta más decidida y real por el derecho a elegir de los padres, acometiendo cambios más profundos que garanticen una justa financiación de los conciertos y los mismos derechos para los alumnos de la pública y la concertada.
En relación con el nuevo Decreto de Escolarización de la Junta de Andalucía, publicado en BOJA el pasado miércoles 19 de febrero, desde ECA deseamos transmitir a los medios de comunicación la siguiente información y valoraciones:
- Consideramos que es, en general, un Decreto positivo y que fundamentalmente favorece a las familias, con avances sociales como el aumento de la puntuación por hermano escolarizado, algo que continuamente han demandado las familias para la reunificación de hermanos, la mayor puntuación para familias numerosas y/o monoparentales, la prioridad de admisión para hijos de trabajadores de los centros, una histórica reclamación sindical que favorece la conciliación laboral, o la inclusión del patrimonio en el baremo económico, clave para no perjudicar a las familias realmente más desfavorecidas.
- En relación con la libertad de elección de los padres, creemos que el Decreto aporta un avance más simbólico y nominal que efectivo y real. La asignación de un centro concertado a zonas limítrofes donde solo hay oferta pública no supone una ampliación de las plazas de la concertada, que seguirán teniendo una demanda más amplia que la oferta. Por lo demás, quienes verán modificadas sus posibilidades de escolarización serán exclusivamente quienes residan en una zona sin centro concertado, pero con oferta concertada en la zona aledaña. Y esto es algo muy residual. Estamos hablando, solo, de un número insignificante de centros, que no afecta más de un 4%, por lo que no acabamos de entender muy bien la controversia creada. Nada cambia para los residentes de zonas con centros concertados y para la inmensa mayoría de los vecinos de localidades sin ellos. Y sobre todo no supone más unidades, ni más centros concertados ni, en definitiva, más oferta de plazas.
- En 2007, la Junta de Andalucía ya aprobó un decreto según el cual en todas las zonas debería haber, al menos, un centro público y otro concertado. Fue el Decreto 53/2007, cuyo artículo Art. 8.1 decía: “Se delimitarán las áreas de influencia y sus modificaciones de cada provincia, de acuerdo con la capacidad autorizada de cada centro docente y la población escolar de su entorno, teniendo en cuenta al determinar cada una de ellas que se pueda ofrecer a los solicitantes, siempre que sea posible, como mínimo, un centro docente público y otro privado concertado. Asimismo, se determinarán las áreas limítrofes a las anteriores, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del presente Decreto”. Estuvo vigente hasta 2016. No se trata, por tanto, de ninguna novedad especial y durante nueve años esta cuestión no causó ninguna polémica ni contestación política. Desde la educación concertada hemos venido pidiendo a los partidos políticos un Pacto por la Educación que saque la educación de las artificiales controversias partidistas. Este nos parece un caso claro de que no parece que vayamos por ese camino.
- Por lo demás, y al hilo de ciertas manifestaciones que se han venido produciendo desde días pasados, nos parece oportuno recordar que, a pesar de su mayor demanda, el porcentaje de plazas de la educación concertada, lejos de crecer en detrimento de las plazas públicas, ha decrecido, pasando del 20% al 18% actual, sin que el nuevo Decreto vaya a suponer cambio alguno al respecto. Asimismo, nos parece conveniente señalar que el pluralismo educativo y el derecho a elegir de los padres están amparados por el artículo 27 de la Constitución y que la educación concertada juega un papel que el Tribunal Supremo ha recordado que no es subsidiario sino complementario “para la prestación del servicio público de la educación”, contribuyendo a la escolarización en todas las etapas, promoviendo la igualdad de oportunidades y proporcionando a las familias más desfavorecidas su única oportunidad para ejercer realmente la libertad de elección.
- A pesar de reconocer sus méritos, debemos matizar que el Decreto de Escolarización no es el que hubiéramos deseado e impulsa, como ya hemos dicho, solo un avance muy tímido en la libertad de las familias y tutores. Para que ese avance sea real y efectivo, la educación concertada necesita una financiación más justa, que garantice que sus alumnos gocen de los mismos derechos que los alumnos de la pública en cuestiones como el comedor, el transporte o la inversión en formación del profesorado y equipos directivos. En este sentido, demandamos a la administración andaluza una apuesta más decidida y real por el derecho a elegir de los padres, acometiendo cambios más profundos que eviten la actual discriminación.
- Nos parece asimismo oportuno señalar que este Decreto obtuvo, de forma previa a su aprobación, el visto bueno del Consejo Escolar, órgano de participación democrática en la programación de las enseñanzas no universitarias, integrado por padres, alumnos, profesorados, PAS, titulares de centros, patronales, sindicatos y directores de centros, entre otros, con total autonomía en lo referente a las deliberaciones dentro de sus Comisiones y Pleno y en las orientaciones, propuestas y sugerencias que emite a través de Dictámenes e Informes.
- Finalmente, queremos tender la mano a la Consejería de Educación y a la comunidad educativa de ambas redes, para buscar, de manera conjunta, la mejor educación de los niños, niñas y jóvenes andaluces, que son los que verdaderamente importan.
